Lograr una educación superior de calidad con equidad, se convierte en uno de los mayores desafíos a los que se enfrentan nuestros sistemas educativos, situando la universidad en el continuum de la educación a lo largo de la vida, al pretender que una institución como la universidad, que ha sido elitista a lo largo de la historia, garantice los principios de accesibilidad, igualdad de oportunidades, inclusión y equidad. Además, ya la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior (UNESCO, 2009) destacó la necesidad de garantizar el acceso a la educación superior como derecho real para todos los ciudadanos.

Sin embargo este acceso, en el caso de las personas con discapacidad, está muy lejos de la realidad. Precisamente, una de las preguntas que la ONU dirigió a España en su revisión del cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad (CDPD) era: “¿Los diplomas o títulos de programas educativos especiales tienen el mismo reconocimiento que los obtenidos en centros ordinarios para poder acceder a la enseñanza superior?”. La respuesta es no. Y esto es lo que reclaman muchas familias y entidades asociativas que se preguntan sobre las oportunidades formativas para sus hijos cuando acaban sin titular las etapas de educación obligatoria, incluso postobligatoria. Nos preguntamos entonces ¿cómo puede responder la universidad a esa demanda social?

Cuando hablamos de las personas con discapacidad y su formación universitaria es esencial dotar a estas personas de una formación completa en la que se desarrollen todas las competencias que en esta institución se buscan, siendo una de ellas la competencia investigadora. En el momento en el que una persona con discapacidad participa en una investigación se considera «investigación inclusiva», en este tipo de investigaciones los y las involucrados deben estar presentes y participar en todos las fases y decisiones que se lleven a cabo.